Ciudad de México. En 1977, recuerda el senador Martí Batres Guadarrama, la sociedad mexicana se conmocionaba con la revelación de Rosario Ibarra de que, para entonces, había 500 personas desaparecidas, muchas por motivos de protesta ciudadana, social o política, como consecuencia de la persecución ordenada por los gobiernos de los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

“Hoy en día, tan sólo el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, reporta 37 mil 435 casos al día 30 de abril del 2018, tan sólo una parte de la tragedia nacional; hay más”, dijo el legislador, Presidente de la Junta directiva de la Cámara de Senadores, al inaugurar la exposición fotográfica temporal “Desaparición forzada. Vivos los llevaron, vivos los queremos”, en memoria de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, hace cuatro años.

Al recordar que el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades del Estado tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, dijo que en el Senado “debemos recordar para proteger, para que todos los mexicanos estemos alertas de que estos abusos no vuelvan a ocurrir, para que otros jóvenes y sus familias no sufran lo que sufrieron ellos”.

Dijo enseguida que se deben recordar los hechos de Ayotzinapa para exigir con firmeza el esclarecimiento de esta tragedia. “No reclamamos nada extravagante, sólo que quienes investigan lo hagan y lo hagan realmente”.

Agregó que “ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes e incluso el Poder Judicial de la Federación, han señalado las limitaciones, errores y desaciertos de la investigación realizada.

Ciudad de México. Con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para aumentar las penas por el robo y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.
La reforma -que la senadora Dolores Padierna Luna calificó como “populismo penal”, toda vez que medidas similares, dijo, no han servido contra la impunidad de que disfruta la delincuencia organizada-, modifica los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, que buscan disminuir la alta incidencia de estos ilícitos.
“El aumento exorbitante de las penas privativas de libertad no nos va a conducir a que veamos una reducción de este tipo de delitos: los hechos demuestran que de nada ha valido que se tengan penas de 70 o 90 años de cárcel para las y los secuestradores, si el margen de impunidad de ese y otros delitos ronda el 97 por ciento”, afirmó la legisladora del PT.

Ciudad de México. Ninguno de los mecanismos para prevenir atentados y proteger la vida de periodistas y comunicadores ha servido para detener esta espiral de violencia que amenaza con anular uno de los principales derechos de la humanidad, la libertad de expresión, advirtió la senadora Dolores Padierna Luna.
Frente a su domicilio el periodista veracruzano Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado a balazos la noche del pasado 21 de Marzo con lo que se convirtió en el quinto reportero ultimado durante el gobierno de Miguel Angel Yunes; al inicio de su gobierno, el mandatario estatal se comprometió a resolver y frenar la ola de violencia que heredó del priista Javier Duarte.
Antes de este último homicidio habían sido ultimados en la entidad otros cuatro periodistas: Ricardo Monlui Cabrera, Cándido Ríos Vázquez, Edwin Rivera Paz, quien era refugiado hondureño, y Gumaro Pérez Águilando, todos en el 2017.