De lo contrario, factores como la improvisación, falta de continuidad en las políticas públicas o los cambios de gobierno frenarán los avances. Y sostuvo que para esto se cuenta con el respaldo federal a estados y municipios, sin distinciones, sin politizar y poniendo en primer lugar el interés de la sociedad.
Señaló que se ha logrado una inversión de 2 mil 100 millones de pesos para la creación y consolidación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro en las 32 entidades y más de 70 mil 800 millones de pesos en infraestructura, capacitación, equipamiento y dignificación de las corporaciones locales.
Comentó que para erradicar la violencia de género se cuenta con 38 Centros de Justicia para las Mujeres en 26 entidades, cuando en 2012 eran sólo siete, además se trabaja con las entidades y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para intensificar y ampliar la labor preventiva contra la trata de personas.
Al fijar posicionamientos, por el PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez refutó las declaraciones del Secretario en materia de feminicidios, seguridad, corrupción, libertad de expresión, libertad de prensa. Y las desapariciones e impunidad, sostuvo, van a la alza en todo el país.
Datos del INEGI, refirió, señalan que la percepción de inseguridad es del 74 por ciento en los habitantes de las diversas poblaciones. El país se ha vuelto más violento, tan sólo este fin de semana fueron asesinados el ombudsman de Baja California Sur; un alto ejecutivo de Televisa y decenas de jóvenes a lo largo de cinco años de gobierno.
Por el PT, la senadora Layda Sansores San Román, denunció que en el país hay 33 mil desaparecidos, más que en la dictadura de Augusto Pinochet, y en el sexenio se superan los 63 mil muertos de la administración anterior, pues la cifra alcanza los 75 mil 500 casos.
Advirtió, empero, que aprobar la Ley de Seguridad Interior sería un paso para militarizar al país, porque en ningún país desarrollado el Ejército realiza las actividades de policía o son utilizados para enfrentar a los ciudadanos.
El senador Héctor Larios Córdova, del PAN, refirió que en este sexenio ha habido pérdida de gobernabilidad, lo que causa graves problemas al país, y ejemplificó que al inicio de la administración surgieron las autodefensas.
Señaló que el problema que padece el país es causado por la delincuencia común, “los delitos que más le duelen a la gente, lamentablemente, no son los homicidios”, sino el robo a casa-habitación, a transeúntes y la extorsión, delitos del fuero común que compete atender a las autoridades estatales y municipales, que no funcionan, dijo, por el abandono al control de confianza.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Cristina Díaz Salazar explicó que durante los últimos cinco años, el gobierno federal ha dado respaldo a las autoridades estatales y municipales sin reparar en colores partidistas, con el despliegue de las Fuerzas Armadas y al Policía Federal.
Dijo que es necesario transitar a un nuevo modelo de formación, capacitación, coordinación y mando policial para garantizar mejores condiciones de seguridad pública, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para determinar y delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas.

Recuperación tras el sismo y otros temas
Ante senadores de todos los grupos parlamentarios resaltó que las zonas y comunidades del centro y sur del país, afectadas por los sismos de septiembre pasado, están de pie, avanzando y recuperando la normalidad.
La construcción y auto-construcción de viviendas está en marcha. En los lugares afectados, se están distribuyendo ya las tarjetas de apoyo y se está impulsando la reactivación económica, “de la mano” con la ciudadanía, que participa para reconstruir y la fiscalización de los recursos y supervisión de los procesos.
Osorio Chong resaltó la labor para la entrega de 4 millones de actas de nacimiento interestatales, de las cuales 3.8 millones se expidieron en territorio nacional y más de 200 mil en el extranjero.
En las comunidades marginadas y poblaciones indígenas se entregaron cerca de 50 mil actas de nacimiento, que actualmente se pueden traducir en las 30 lenguas originarias más habladas en el país.
En materia de migración, se vigila que en el norte se tenga una repatriación digna y segura, mientras que en la frontera sur se ha entregado medio millón de tarjetas de visitante y trabajador fronterizo, para incentivar el tránsito ordenado y seguro.
Agregó que la migración “la vemos”, no como factor de encono, sino como una palanca para el desarrollo, la unión y la fraternidad.

Ronda de preguntas y respuestas
Mientras senadoras y senadores del PRI y PVEM resaltaron los logros de coordinación interinstitucional para atender la migración, inseguridad y violencia; del PAN, PRD, PT y sin partido refutaron las acciones que sigue la Secretaría de Gobernación para combatir la violencia generalizada, de género, trata de personas, corrupción y controles de confianza policiacos.
El senador sin partido, Manuel Cárdenas Fonseca, cuestionó si es meritorio para las Fuerzas Armadas, que sigan asumiendo funciones en medio de un desaseo legal.
Y deseó que en 2018, el Congreso le pueda corresponder a las Fuerzas Armadas “conforme a lo que es el derecho positivo vigente, seguridad en la actividad que desarrollan”.
Osorio Chong respondió que es urgente poner en ley lo que no está regulado, y evitar que se cometan actos desproporcionados; porque actualmente no hay protocolos o temporalidad para que las Fuerzas Armadas apoyen a los estados, porque no hay Ley de Seguridad Interior.
La senadora María Elena Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM, comentó que es indispensable que el Estado genere condiciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres, y mayor equidad para que logren su pleno desarrollo.
Preguntó al secretario federal qué acciones han realizado desde la Secretaría de Gobernación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y para apoyar a las entidades federativas en este mismo rubro.
El secretario de Gobernación respondió que se ha capacitado y profesionalizado a los servidores públicos con perspectiva de género, para que las mujeres no sean doblemente victimizadas cuando vayan a presentar una denuncia por violencia de género.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez señaló que a cinco años de la reforma para que la Secretaría de Gobernación asumiera funciones de seguridad pública no existe una política efectiva para la profesionalización de los cuerpos policíacos, los homicidios dolosos se disparan y la violencia se incrementa.
“La persecución de la delincuencia organizada sigue siendo un fracaso, pero lo más grave es que todos los días se constata que se incrementa la violencia. Si a esta situación, le agregamos la deficiente implementación del Sistema Acusatorio, entonces tenemos la tormenta perfecta”, expresó.
En su respuesta, el funcionario afirmó que la reforma tiene resultados positivos: “una espléndida coordinación entre todas las instituciones federales” y la captura de 108 de los 122 delincuentes más peligrosos de México, que, de no haberlos detenido, nuestro país estaría en circunstancias “verdaderamente dramáticas”.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PT, señaló que la atención a las preocupaciones de los alcaldes “han sido desastrosas”, pues estás autoridades son presas de extorsiones y algunos han perdido la vida sin que el Estado mexicano pueda hacerse responsable y darles garantía en el ejercicio de sus cargos.
Coincidió en que la inseguridad “es una enorme preocupación”, resultado de una “errónea estrategia de combate al crimen y una evidente falta de capacidad”. También preguntó al funcionario si ¿está involucrado en las consultoras que han obtenido cerca de 63 contratos por parte de diversas instancias federales?
Miguen Ángel Osorio Chong afirmó que no se ha dejado de apoyar a ningún presidente municipal que esté en riesgo y “hay servicio de protección federal con muchos alcaldes”, pero también “les estamos exigiendo que ellos hagan algo para proteger a la ciudadanía.
Afirmó que no tiene nada qué ver, ningún conflicto de intereses con las empresas referidas, “lo que he logrado ha sido con mi propio esfuerzo durante más de 35 años de trabajo, lo que tengo es público, por cierto, a mí no me heredaron ni me han donado absolutamente nada”.
La senadora Adriana Dávila Fernández dijo que México atraviesa por una de sus etapas más críticas en materia de seguridad, y a cinco años de la actual administración, “tenemos un resultado que nadie deseaba, un gobierno desesperado por la crisis de inseguridad generada por inacción y complacencia, resultados magros y una sociedad que justificadamente no creen sus autoridades por los altos índices de impunidad y de corrupción”.
La legisladora del PAN denunció que se han dado adjudicaciones directas por más de 13 millones de pesos a Rosi Orozco, activista en materia de trata de personas, a quien acusó de vivir a costa de las víctimas, por lo que pidió al Secretario que investigue a las asociaciones relacionadas con ella y su familia.
Osorio dijo que estará atento a las denuncias que la legisladora realice en este caso, y aclaró que la Secretaría de Gobernación no dio “ningún peso, ningún contrato y ninguna protección” a dicha activista. “Sólo puedo sostener con documentos y que si hay denuncia y responsabilidad respecto algún funcionario hágala y por supuesto le daré seguimiento puntual”, precisó.
El senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que hace más de una década que la seguridad pública se convirtió en una de las preocupaciones más sentidas de los ciudadanos y en 2012 el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió un país “profundamente agraviado por un fenómeno delictivo creciente y por una violencia que se pretendía combatir con más violencia”.
Aceptó que ha habido un repunte de la violencia e inseguridad, reconocido por el propio Ejecutivo Federal, de ahí, que preguntó al encargado de la política interior y la seguridad cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno de la República y a qué factores considera que se puede atribuir ese incremento.
El Secretario de Gobernación explicó que más allá de “echar las culpas”, lo que se debe hacer, conjuntamente con el Legislativo, es realizar las modificaciones necesarias para dotar de capacidades a las entidades y municipios en materia de seguridad.
Dijo que hay debilidad en las policías municipales, quienes “no logran la confianza de la ciudadanía porque no tiene las capacidades institucionales”. Por ello, pidió a los senadores dar el paso que sigue, que es urgente, para llegar a un acuerdo y dar recursos y capacidades a los municipios, “si es que no se quiere avanzar en una ley para combatir el crimen”.
En la segunda ronda, participaron los senadores Angélica Araujo Lara, del PRI; Víctor Hermosillo y Celada, del PAN; Dolores Padierna Luna, del PT; Carlos Puente Salas, del PVEM; Celestino Cesáreo Guzmán, del PRD; y Alejandro Encinas Rodríguez, sin partido.