Porque –reclamó- “no nos interesa, la verdad, a los legisladores debatir, salvo cuando hay un interés político determinado. Y en ese caso, sí queremos introducir algún debate o insinuación de debate”.
Así se expresó ayer ante el pleno de senadores y diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en una sesión en la que pidió que ésta haga suyo el pronunciamiento que publicaron este miércoles diferentes empresas de la comunicación para detener las agresiones en contra del gremio y reiteró su propuesta para que se decreten tres días de luto nacional por el asesinato de periodistas.
En la sesión, la Permanente aprobó el punto de acuerdo en el que refrenda su más amplio compromiso con la libertad de expresión y el periodismo, por ser elementos esenciales del sistema democrático de gobierno, y reiteró su enérgico rechazo y condena al ejercicio de la violencia en contra de la integridad física y psicológica de los comunicadores.
En el documento, senadores y diputados convocaron al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a una reunión de trabajo con integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Al respecto, Barbosa Huerta dijo: “lo que debiera responder el Estado mexicano es que, para  generar una verdadera reacción de poderes públicos y de sociedad, el Titular del Ejecutivo, en términos de los artículos 15 y 19 de la Ley del Escudo y la Bandera y el Himno Nacional, 27 de la Ley Orgánica de Administración Pública, y 89, fracción I de la Constitución, decrete tres días de luto nacional por los asesinatos de los periodistas hasta hoy cometidos.
Y “no estoy hablando días de asueto ¡Eh!”, aclaró el senador por Puebla.
Los legisladores se pronunciaron también por el fortalecimiento de las instancias federales y locales, responsables de desplegar las medidas de prevención y protección que requieren los profesionales de la comunicación social para el ejercicio de sus actividades.
Aprobaron igualmente exhortar a los gobiernos de las entidades federativas, donde aún no se han conformado, a integrar las unidades y/o centros de atención a periodistas y llamaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que, a través de las comisiones correspondientes, den seguimiento a los casos de agresión en contra de periodistas, así como a la implementación de las unidades y/o centros de atención a periodistas en las entidades federativas.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, hizo notar que en esta materia los datos “son alarmantes”, pues sólo en este año, se ha registrado el asesinato de siete periodistas y del 2003 a la fecha, hay 23 comunicadores, de los cuales se desconoce su paradero”.
El Poder Legislativo –dijo- está siendo una burla por parte de la delincuencia organizada, toda vez que a cada resolutivo emitido en contra de la violencia ejercida contra periodistas, al día siguiente se secuestra o se desaparece a alguno de ellos.
La legisladora hizo un llamado a la Procuraduría General de Michoacán para que dé a conocer el avance de las investigaciones sobre el caso del periodista Salvador Adame Pardo, quien está desaparecido desde hace cinco días.
La diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, consideró que en este momento la sociedad demanda que las instituciones “cierren filas” para enfrentar este tipo de problemas.
Reiteró que el Ejecutivo Federal impulsó el fortalecimiento de la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo del Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la fecha existen 538 personas que gozan de esta medida.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza señaló que en seis años de existencia de la Fiscalía Especializada “prácticamente los resultados han sido nulos”, pues se han registrado 47 asesinatos de periodistas en estos años y 99.7 de las agresiones no han recibido sentencia ni castigo contra los responsables.
El Estado, dijo la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN, tiene que actuar de manera distinta para garantizar la protección de los comunicadores, así como el acceso a la información y a la verdad a los ciudadanos mexicanos.