Ciudad de México. En medio de descalificaciones y cuestionamientos de la oposición panista por su cercanía al Presidente de la República, Margarita Ríos-Farjat fue designada por el Pleno del Senado de la República, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al obtener la mayoría constitucional de dos tercios de los votos, para ocupar la vacante de Eduardo Medina Mora, quien renunció al cargo en octubre pasado.

La votación se realizó mediante cédula y se depositaron un total de 122 votos, de los cuales 94 fueron para Ríos-Farjat; 25 emitidos en favor de Ana Laura Magaloni Kerpel; uno para Diana Álvarez Maury, y se registraron dos nulos. La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, le tomó la protesta de ley a la nueva ministra y, a nombre de la Cámara de Senadores, le deseó éxito en su encargo. Este jueves el Pleno senatorial llevó a cabo la votación de la terna, enviada por el Presidente de la República.

Ciudad de México. El nombramiento del Fiscal General de la República deberá estar enteramente desvinculado de intereses partidistas y su perfil tendrá que corresponder a criterios de ética y probada capacidad profesional, a fin de garantizar a la ciudadanía completa autonomía en su actuación y resoluciones sobre indagatorias, aprehensión y consignación de responsables de cualquier tipo de ilícito.

En esos términos quedó asentado el procedimiento a seguir sobre el tema, al que deberán sujetarse tanto el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto –en los días que le quedan de mandato-, como el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitiera la declaratoria de constitucionalidad respectiva.

Luego que diputados y senadores de todos los partidos conocieron la aprobación a la propuesta de reforma al Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia política-electoral”, por parte de 17 Congresos estatales, se cumplió el requisito para elevarla a rango constitucional.

Lo anterior significa, simple y llanamente, que así se elimina toda posibilidad de concretar el nombramiento de un “fiscal carnal”, una eventualidad que posibilitaba la discrecionalidad al Jefe del Ejecutivo para imponer en la aún denominada Procuraduría General de la República a un incondicional, que actuaría en función de las órdenes presidenciales y no para procurar justicia.