Según un comunicado, el Senado también pidió a la titular de la Secretaría de la Función Pública que, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, realice la inspección, fiscalización y vigilancia de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) que se destinen a los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
Que incluya también la revisión programática-presupuestaria y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales, a fin de garantizar la transparencia y oportunidad en el ejercicio de los recursos en tiempo real, y se prevenga cualquier acto de desvío o de corrupción.
Aunado a esto, exhortó a la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, para que a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social,  de seguimiento puntual a las denuncias y quejas que pudieran surgir  ante cualquier manejo irregular de los recursos del Fondo.
Al titular del Poder Ejecutivo Federal, le solicitó que, por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, amplíe la declaratoria de emergencia a los municipios de la Zona Mixe de Oaxaca e implemente rutas aéreas que permitan la llegada de ayuda humanitaria a esta zona.
Asimismo, exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018 establezca una partida presupuestal específica con recursos suficientes para atender las necesidades de las poblaciones de los municipios afectados en Chiapas, Oaxaca y Tabasco; así como recursos que permitan sostener y alentar las actividades de rescate, reconstrucción y protección civil de las zonas afectadas, y para la reparación de edificios históricos y monumentos de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Adicionalmente, el Senado manifestó su amplio reconocimiento a los tres órdenes de gobierno por la respuesta inmediata de atención que se está dando a la población afectada, así como a las diversas organizaciones, fundaciones y familias que han emprendido acciones de acopio de víveres, recaudación de apoyos económicos y participación de voluntarios para apoyar a la población afectada.
La presidenta de la Comisión de Protección Civil, Angélica Araujo Lara, del PRI, señaló que derivado de las afectaciones recientes sucedidas por fenómenos meteorológicos y por el sismo de magnitud 8.2, ocurrido el 7 de septiembre, se ha mantenido en contacto con diversas instituciones, así como con el Consejo Nacional de Protección Civil, para conocer de cerca cada una de las acciones que se realizan.
La legisladora destacó que se debe cuidar que los recursos que se ejercen sean para brindar bienestar y atender a las familias más necesitadas afectadas.
La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, subrayó que una vez emitidas las declaratorias de emergencia en Chiapas y Oaxaca, se debe cuidar que los recursos se destinen de manera oportuna, responsable, eficaz y transparente, para que se puedan atender las necesidades de la población afectada por el sismo.
Planteó la urgencia de contar con una comisión que acompañe, vigile y supervise comunidades a donde no ha llegado ayuda.
El senador por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, aseguró que su  entidad es la que más ha sentido el poder devastador de las tormentas, aunado al sismo de magnitud 8.2  y considerado como el más poderoso en los últimos 100 años en México, que afectó no sólo Istmo de Tehuantepec sino también a la zona mixe.
El legislador del PT propuso la creación de un fondo especial para la reconstrucción de Oaxaca, por las afectaciones generadas por el sismo, independientemente de lo gestionado por el Fonden.
Adicionalmente, el senador Zoé Robledo Aburto, de Chiapas, precisó que no es tiempo de ver “a quién le dolió más, sino pensar  en Chiapas y Oaxaca”, ya que el desastre natural ocurrió sobre un desastre social y sobre la marginación.
Es momento que los senadores hagamos lo que corresponde como representantes del pacto federal,  solicitar a la federación que atienda esta emergencia como un asunto de carácter nacional, puntualizó.

Aprueban otros dictámenes sobre migrantes
Por otra parte, el Pleno del Senado aprobó cuatro dictámenes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, entre los que destaca el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, sean revisados los montos asignados al Fondo Fronterizo.
Ello, con el fin de atender a las personas migrantes deportadas y a la población migrante en tránsito, en especial para las entidades fronterizas que mayor población de migrantes reciben, como  Baja California y Tamaulipas.
Asimismo, solicita a la SEGOB para que,  a través del Instituto Nacional de Migración (INM), se establezcan convenios y se implementen acciones que permitan atender a la población de migrante en las entidades fronterizas y se pueda aumentar el apoyo que brindan las organizaciones de la sociedad civil como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia federal,  de las entidades y municipios de los estados fronterizos.
Pide a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementar estrategias con programas de apoyo al empleo para connacionales repatriados.
Solicitan al titular del INM, Ardelio Vargas Fosado y al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, un informe y posteriormente una reunión de trabajo para conocer las acciones frente a la realidad migratoria en ambas fronteras del país.
La senadora Layda Sansores San Román, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo que es delicado el tema de la frontera debido a que es ahí  donde llega el mayor número de repatriados,  que hasta el momento hay unos 50 mil 236.
Al señalar que es importante saber qué acciones se han implementado y que otras podrían tomarse para apoyar a estos estados fronterizos, indicó que el titular del INM siempre ha estado en disposición de asistir cuantas veces se le solicita.
La senadora del PRI, Marcela Guerra Castillo, precisó que el punto de acuerdo tiene como finalidad el atender a las personas deportadas y a la población migrante en tránsito para que su retorno se lleve a cabo con dignidad y seguridad.
Por su parte, el senador independiente, Raúl Morón Orozco, comentó que el gobierno mexicano debe atender y mantener los programas de protección a migrantes, destinar los recursos necesarios para la atención de personas que están en tránsito o de retorno a sus países de origen e indicó que la protección de los derechos humanos tanto de nacionales como de migrantes centroamericanos deben ser protegidos.
En otro punto de acuerdo, el Senado solicitó a la SRE y al INM un informe sobre los avances en la construcción de una agenda para llevar a cabo acciones eficaces y coordinadas que garanticen la seguridad y derechos humanos de los migrantes que se verán afectados por la nueva relación  con Estados Unidos.
Además, exhortó al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a revisar el gasto público destinado a la protección de los derechos humanos de la población migrante, incluyendo los recursos canalizados a instancias de la Administración Pública Federal que han incrementado su participación en la atención de la población migrante adulta e infantil.
En otro dictamen, avalado por el Pleno, se solicita a las entidades federativas que se sumen a los esfuerzos de las autoridades federales en la identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados, en el contexto de migración internacional en su tránsito por México.