Ciudad de México. De total independencia política y presupuestal debe estar dotada la nueva Fiscalía que habrá de substituir a la Procuraduría General de la República, actual dependencia del Ejecutivo, a fin de que no quede sujeta a la discrecionalidad y los intereses de personajes y grupos políticos dentro del aparato gubernamental.

Así lo plantearon legisladores, académicos y representantes de organizaciones civiles por los derechos humanos durante el primer foro de “Análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”, en el que adviritieron que el uevo organismo debe contar también con facultades para garantizar la protección y respecto de los derechos humanos.
La senadora Angélica de la Peña Gómez expresó que en la discusión de este proyecto “no podemos pensar que lo que ya está hecho es inamovible” y subrayó que los consensos también se tienen que enfocar en torno a quién asumirá la responsabilidad de ser el primer Fiscal General de la República.
Consideró indispensable definir con claridad los procesos periciales que llevará a cabo la nueva institución, el perfil que debe caracterizar la función ministerial y de investigación, así como lograr “un esquema robusto para la protección y respecto de los derechos humanos”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado subrayó que se requiere una Fiscalía con amplia legitimidad e independencia, cuyas acciones sean acordes al sistema de justicia acusatorio, e incluyan la sistematicidad de la política criminal, controles democráticos y la renovación del ministerio público.
Para Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo primero que se tiene que diseñar es el modelo institucional que queremos para este organismo, que tome en cuenta estructuras, formas, mecanismos y procedimientos, y luego confeccionar la legislación que la va a regular.
Dijo que ubicar la discusión sobre el artículo transitorio de la reforma constitucional –que establece el “paso en automático”, una vez que se apruebe la ley, del último Procurador hacia el Fiscal General– “debilita la necesaria capacidad que debe tener el actual titular de la Procuraduría, a quien el Senado le dio un voto de confianza, para liderar esta etapa de tránsito”.
Coincidió en asegurar la independencia política y presupuestal de dicha institución, establecer un servicio profesional de carrera, precisar con puntualidad las causas graves de remoción del Fiscal General y los plazos en los que el Senado de la República puede objetar el nombramiento de los fiscales especializados.
Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hizo un llamado para reformar los artículos transitorios de la reforma constitucional, a fin de “establecer con responsabilidad los criterios y el perfil de la persona que debe encabezar la Fiscalía”.
Destacó la importancia de dotar a esta institución de “autonomía total” y desvincularla del Poder Ejecutivo federal, pues históricamente ha suido utilizada, en muchos casos, como un mecanismo de represión política del poder punitivo del Estado.
Recordó que el Fiscal General de la República ocupará ese cargo por nueve años, pero la institución “puede nacer con un vicio de origen que podría ser la falta de legitimidad” y un “mayor déficit de la Procuraduría”; con ello, asentó, “estaríamos condenados a una institución a vivir sus primeros años de vida a la defensiva y sabemos los costos que esto conlleva”.
En su turno, Ana Laura Magaloni Kerpel, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que “estamos ante una oportunidad histórica” para construir un sistema de procuración de justicia eficaz, creíble y que sirva a la gobernabilidad democrática de México.
Dijo que actualmente tenemos una institución reactiva, con baja capacidad investigativa: en el 2012, mencionó, 60 por ciento de las consignaciones que realizó la Procuraduría General de la República sucedieron en flagrancia; además, tiene malas prácticas: hay corrupción, baja confianza pública y una percepción de la politización de la justicia.
Consideró que se requiere una institución al servicio de los ciudadanos, con alta capacidad de investigación de delitos complejos y de alto impacto, pero para ello es indispensable un modelo conceptual de la Fiscalía, un plan maestro de instrumentación, un nuevo marco normativo y suficiencia presupuestaria.
Por último, el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, coincidió en que lo primero que se tiene que realizar es revisar el modelo que se necesita para la Fiscalía General de la República.
Expresó que el nombramiento del hoy Procurador General de la República se debe ver como un tema aparte. Dejó en claro que esta designación cumplió con el procedimiento y tiempos establecidos para ello; y que en la Cámara de Senadores “estamos conscientes del gran reto que requiere este tránsito de la PGR a la Fiscalía General de la República y, como lo hemos hecho en estos cuatro años, no habrá de haber diferencias”.