Introducir ajustes así, nos llevaría a tener como plazo, para esa reforma, el mes de mayo; “estaríamos hablando de un límite de entre el 18 y el 22 de mayo para que el constituyente permanente pudiera aprobar una reforma constitucional, como ayer lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando dijo que se analiza la posibilidad”.
“Por tal motivo –continuó-, estamos obligados a evaluar lo que ha ocurrido en este primer año de implementación, no para negar la reforma, sino para fortalecerla. La experiencia del primer proceso ya nos dejó información nítida, precisa y útil y ha develado importantes áreas de oportunidad”, agregó.
Al respecto, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, negó que la concurrencia de los otros procesos electorales disminuya el gasto de este organismo; por el contrario, afirmó, lo duplica: el costo de los comicios de 2027 -donde coincide la elección de juzgadores y de legisladores, gobernadores y presidentes municipales-, podría ascender a 15 mil millones de pesos.
Precisó que el costo más grande en unos comicios es la contratación de personal, por lo que se tendría que duplicar la capacitación de los funcionarios en caso de que hubiese concurrencia en las elecciones de 2027, a lo que también se suman elecciones locales, las cuales, dijo, poseen sus diferencias con los comicios federales.
“La proyección que podríamos estar pensando justo –porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos, que les comento son necesarias en cada elección para la seguridad, la certeza de cada una de las votaciones-, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, expuso.
López Vences agregó que entre los desafíos que enfrentan, tanto el INE como los órganos locales con la concurrencia de elecciones, también está el manejo de documentación, particularmente la impresión y almacenamiento de las boletas electorales, lo cual, aseguró, tiene un alto margen de seguridad y no cualquiera puede encargarse de ello.
Previamente, Susana Harp Iturribarría, senadora de Morena, reconoció que un proceso electoral exclusivo para el Poder Judicial será aún más complejo si éste concurre el mismo día de los comicios para gubernaturas, diputaciones federales y locales y presidencias municipales, por lo que ella respalda la propuesta de realizar la elección judicial hasta 2028.
“Nos parece que separar ambos procesos protege la independencia judicial para evitar la politización de estas candidaturas y permite que la ciudadanía conozca mejor a quienes aspiran a impartir justicia”, añadió la también presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Detalló que después del proceso electoral del Poder Judicial, se han identificado “espacios de oportunidad” que deben subsanarse para mejorar el desarrollo procedimental y sustantivo de la selección de personas que vayan a impartir justicia en nuestro país, como que los aspirantes cuenten con certificaciones o que la ciudadanía cuente con tiempo suficiente para conocerlos.
De Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno recordó que la elección de los integrantes del Poder Judicial implicó la remoción de más de mil 600 juzgadores federales y cinco mil locales, algo que, aunque se ha propuesto de forma escalonada, consideró que “trastoca” el andamiaje jurídico con el que se ha impartido justicia durante muchos años.
Señaló que su bancada acompañará la propuesta de Corral Jurado, pues coincidió en que “era importante tomarse el tiempo” para garantizar que llegara la gente idónea a los espacios del Poder Judicial; “hoy, a año y medio de haberse realizado ese cambio, tenemos ya elementos, que nos parecen, si no suficientes, sí valiosos y que nos pueden permitir hacer un corte de caja”, agregó.
Expuso que estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México han detectado que hubo “improvisación” en la elección de juzgadores, falta de capacidad y experiencia de muchas personas electas que hoy tienen en sus manos la vida de mexicanas y mexicanos a la hora de dirimir controversias.
Mariana Campos, directora general de la organización México Evalúa, insistió en la conveniencia de aplazar la elección para dotarla de la logística y recursos necesarios, “para abonar a la reconstrucción de la certeza jurídica que se ha perdido”, así como para aprovechar las oportunidades económicas que tiene el país, que posiblemente son únicas en décadas.
Por otro parte, advirtió que el escenario mundial no favorece a que en México se tomen “riesgos innecesarios”; “enfrentamos un contexto internacional adverso de guerras, en donde México tiene poca incidencia realmente en lo que está pasando a nivel internacional, por lo cual la mejor actuación de los mexicanos está en fortalecer sus instituciones”, enfatizó.