En tanto, senadores del PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a los artículos 13, 20, 24, 25, 29, Primero Transitorio del dictamen, mismas que no fueron aceptadas por la Asamblea, por lo que con 74 votos a favor y 35 en contra, el proyecto de decreto fue aprobado en lo particular y enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Al fijar sus posicionamientos, por Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández dijo que el gobierno hace un manejo responsable, transparente y soberano de las finanzas, ya que la deuda no se usa para “enriquecer a unos cuantos”, sino que se utiliza para complementar el presupuesto de manera sostenible. “Cuando la oposición intenta descalificar esta ley hablando de deuda, hay que recordar que la que hoy pagamos es la herencia de su modelo neoliberal”, subrayó.
Del PAN, Gustavo Sánchez Vásquez señaló que la nueva ley de ingresos se aleja de lo que debe ser la simetría fiscal entre el ingreso y el egreso, pues se endeuda al país y a los mexicanos con un techo de 1.8 billones de pesos para 2026, lo que se suma a 1.4 billones de pesos que se pidieron para 2025 y a los ocho billones que se pidieron el sexenio pasado, “por lo que resulta ser que los gobiernos de Morena, en siete años, han acumulado una deuda igual a la que el país tenía en los últimos cien años”.
En tanto, del PVEM, Waldo Fernández González dijo que los ingresos proyectados para el 2026 son fruto de una política económica sólida, eficiente, con rumbo y justa, pues más del 80 por ciento proviene de la recaudación interna, sin crear nuevos impuestos, ni cargar más a quienes menos tienen, “porque la verdadera responsabilidad fiscal no consiste en exigir sacrificios al pueblo, sino en hacer que quienes más deben contribuyan”.
Cristina Ruíz Sandoval, senadora del PRI, adelantó el voto en contra de su Grupo Parlamentario, al considerar que la Ley de Ingresos hipoteca el futuro del país, endeuda más a las y los mexicanos, reduce la confianza de los inversionistas y usa el gasto público como herramienta electoral, no como un motor de desarrollo. “El gobierno pretende recaudar más de 10 billones de pesos, pero sin un plan”, dijo.
Alejandro González Yáñez, del PT, consideró que la Ley de Ingresos expresa todo un proyecto de nación que, en este caso, se trata de una nación humanista y un Estado democrático de bienestar. Resaltó que para 2026 se ampliarán los ingresos, porque se continuará el combate contra las empresas factureras, así como la evasión y elusión fiscal.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, dijo que la minuta profundiza las desigualdades, encarece el crédito y manda señales de privilegios a los de siempre. “Esta Ley de Ingresos aprieta a las empresas que sostienen la economía cotidiana; no hay justicia fiscal, debería combatirse la evasión, cerrar espacios a factureras y simplificar el cumplimiento para micros y pequeñas empresas”.
Propuestas de la minuta recibida
Entre los puntos relevantes, el dictamen propone la autorización al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para contratar créditos o emitir valores únicamente con el objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras y hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras.
Igualmente, se plantea la obligación de Petróleos Mexicanos (Pemex) de presentar las declaraciones, hacer pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros ante la Tesorería de la Federación, mediante el esquema que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, se actualizan las tasas de recargos aplicables a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, con el fin de promover el cumplimiento oportuno de las contribuciones fiscales y en consecuencia obtener los ingresos tributarios necesarios para cubrir los programas sociales que benefician a la población.
También se ratifican los convenios celebrados entre la Federación y las entidades federativas, sus organismos autónomos y municipios, incluyendo a los organismos descentralizados de las propias entidades federativas, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.
De igual manera, se prevé que los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos, que no cuenten con un destino específico en las disposiciones aplicables, se concentrarán en la Tesorería de la Federación para programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
El documento también establece la medida que permite a las organizaciones civiles y fideicomisos que de forma inmediata realicen las labores de rescate en la emergencia y contribuyan en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas en el caso de desastres naturales, recibir recursos de donatarias autorizadas que cuenten con un buen historial de sus obligaciones fiscales ante el SAT.
Además, se fija una tasa de retención aplicable a las personas morales que obtengan ingresos por la enajenación de bienes y prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.
Se autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social para reducir hasta el cien por ciento del monto correspondiente a multas y recargos derivados de adeudos por concepto de cuotas obrero-patronales a cargo de entes públicos, generados hasta el 31 de diciembre de 2025.
Asimismo, se faculta al SAT para que emita reglas de carácter general para la competencia de la FIFA México, que le permitan la clasificación fiscal de los beneficiarios, así como precisar los alcances y condiciones en que se tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales derivadas de las actividades vinculadas con el evento deportivo relativas al pago, traslado, retención, recaudación y entero.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que el dictamen parte de supuestos macroeconómicos prudentes y refleja una política de finanzas públicas orientada a garantizar la estabilidad económica, fortalecer los ingresos del Estado, y permitir el cumplimiento de sus funciones sustantivas.
Resaltó que el dictamen estima ingresos presupuestarios por 8 billones 721 mil mdp, un incremento de 519 mil mdp al cierre estimado del 2025. Ese aumento, dijo, obedece al aumento de la tributación, que es el pilar central del financiamiento público. En este sentido, precisó que en 2026 los ingresos tributarios alcanzarán 15.1 por ciento del Producto Interno Bruto, un máximo histórico.
Subrayó que un punto muy relevante de la Ley de Ingresos es que por primera vez dejarán de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple al IPAB.
Yunes Márquez consideró que esta Ley de Ingresos es una política pública que no solo recauda, sino que redistribuye con sentido social, eficiencia y visión de futuro. “Como toda construcción sólida, los cimientos están en las finanzas públicas sanas, pero el propósito está en lo que se edifica sobre ellas”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, comentó que los ingresos servirán para continuar con el aumento de los salarios, la creación de empleos, y la apuesta por seguir fortaleciendo la economía interna para que las familias tengan mejores ingresos.
“Esto se hace en un mundo que atraviesa crisis económicas, conflictos bélicos, inflación global y desorden financiero, y aun así México ha alcanzado estabilidad económica, fortaleza del peso, empleo histórico y más de 13 millones que salieron de la pobreza”, expresó.
Estimó que hay un avance real de la prosperidad compartida y de la inversión nacional y extranjera, que se ha logrado por un gobierno honesto, austero y que va de la mano del pueblo; “hoy respondemos con verdades y los de antes, que ahora se dicen guardianes de las finanzas públicas, olvidan que en su momento generaron el peor endeudamiento del país”, concluyó. (Boletín, Senado)