Por su parte, la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alma Rosa Alva de la Selva, propuso reforzar el concepto de servicio público de interés general a sus diferentes expresiones y necesidades, pues ese es uno de los más grandes retos de la iniciativa de ley.  

Asimismo, llamó a que la política sobre los medios públicos, la actualización tecnológica y el financiamiento no continúen como asignaturas pendientes en las leyes, ya que son temas que no se encuentran en la iniciativa.

A su vez, el director jurídico y de regulación de Teléfonos de México (Telmex), Daniel Andrés Bernal Salazar, consideró que la propuesta de ley mantiene errores históricos como el concepto de preponderancia por servicios y la convergencia, es decir, mantiene sesgos.

En la práctica, ejemplificó, Grupo Televisa ostenta 33 por ciento de la participación del mercado, contra 27 por ciento que mantiene Telmex, por una restricción regulatoria absurda y que permanece en la ley analizada.

En su turno, el director adjunto de Asuntos Regulatorios de Telcel, Mario Berganza Echebarrena, habló de los artículos 57 y 18 transitorio de la ley. Dijo que, de mantenerse en sus términos, se atentará contra la certeza jurídica y la innovación, lo que “generará una distorsión que nos desincentivará las inversiones”.

Por tanto, estimó importante que exista un mecanismo de participación pública sin que ello suponga una competencia desleal para los entes privados; también preocupan las facultades del Ejecutivo Federal para modificar en cualquier tiempo los términos y condiciones de las concesiones: “los operadores necesitamos certidumbre jurídica”, aseguró.

Finalmente, el representante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Rafael Marino Roche, reconoció la apertura de las comisiones del Senado de la República para realizar este ejercicio de diálogo.

“Estamos abandonando una concepción neoliberal en la política regulatoria que se impuso en 2014 y supuso un desarrollo insuficiente de las telecomunicaciones. La anterior ley fue una tortuosa y asimétrica regulación, que dio protección a empresas transnacionales y a las televisoras”, expuso.

Al iniciar los comentarios de las y los senadores, el presidente de la Comisión de Educación, Raúl Morón Orozco, puntualizó que el conversatorio contribuirá a cuidar la técnica legislativa y las opiniones aquí vertidas fortalecerán la ley en la materia. “Siempre que hay una ley de este calado hay diferentes opiniones y sectores a favor y en contra y todos tienen derecho a expresar sus puntos de vista”, resaltó.

Por el PAN, el senador Agustín Dorantes Lámbarri reconoció este ejercicio de diálogo con la participación de expertos, porque servirá para revisar la ley en el contexto de lo que pasa en México, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, que sin duda debilitará la democracia del país. Pidió saber “qué cambios se tendrían que hacer para que esta ley no debilite la libertad de expresión, el derecho a la información y la libre competencia”.

Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, señaló que esta ley es violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Tratados Internacionales. Preguntó qué sucedería de no respetar la Carta Magna y demás legislación, cuál sería la afectación económica sobre todo para los usuarios.

Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, manifestó que el conversatorio realizado este día representa una oportunidad para que el país transite hacia una sociedad incluyente y sostenible. Preguntó a los analistas su opinión para lograr el fortalecimiento de las radios comunitarias, cuáles cambios son necesarios para garantizar la compatibilidad de la nueva ley con el T-MEC.

Del PT, Lizeth Sánchez García dijo que más allá de la técnica y la regulación, toca discutir lo esencial: la competencia justa, el acceso universal, el derecho de las audiencias y el derecho del pueblo a información veraz. En ese contexto, estimó necesario contar con propuestas sobre las medidas indispensables para garantizar que la nueva regulación no beneficie, de forma desproporcionada, a grandes corporativos y en cambio asegure condiciones justas para medios públicos, comunitarios, indígenas e independientes.

En su turno, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, se refirió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a que hoy México es un país en el que existe libertad de expresión, gracias a la Cuarta Transformación. En ese sentido, pidió la opinión de los expositores sobre si la iniciativa de ley va en la ruta de fortalecer la libertad de opinión en el país. (Boletín, Senado)