La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), aprobó tres dictámenes que reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia política en redes sociales, acoso escolar, y refugios y Centros de Justicia para las Mujeres. 

Violencia digital contra mujeres 

También señala que se considerará parte de la violencia digital al “sicariato digital”, el cual se define como todas aquellas acciones realizadas por sí o a través de interpósita persona, consistentes en la creación de cuentas o perfiles de redes sociales falsos, la creación y difusión de campañas de difamación, la sustracción y alteración de datos personales o la suplantación de identidad de una mujer, cuya finalidad sea calumniar, amedrentar o aterrorizarla, y que se realicen por medio de las tecnologías de la información, plataformas digitales, redes sociales o el uso de inteligencia artificial.

Lo anterior sería sancionado en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal, ya que actualmente la ley, en su artículo 20 Quáter, ya contempla que la violencia digital será castigada. 

El documento señala que el acoso, hostigamiento y violencia de género digital o en línea que reciben las mujeres que se dedican a la esfera pública y política es devastadora, ya que estos delitos informáticos o cibernéticos se van desarrollando como un nuevo tipo de violencia, en el que más allá de una violencia machista digital, se convierte en una ciberviolencia política de género en contra de las mujeres.

La violencia de género digital, añade, es un fenómeno multifacético y cambiante que genera nuevas modalidades de ciberdelitos en contra de la mujer. Por ello, es preciso que desde el ámbito legislativo se realicen los cambios necesarios. 

Prevenir y eliminar cualquier forma de violencia y acoso escolar

También aprobó, por unanimidad de 26 votos, el dictamen que reforma y adiciona el artículo 45 de la misma ley, para estipular que corresponde a la Secretaría de Educación Pública generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, incluido el acoso escolar, con la finalidad de que sean sujetos a evaluación sobre la materia. 

La reforma incorpora el acoso escolar en las facultades que le corresponde a la SEP respecto a desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos para su detección, formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de este problema y proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos sobre su erradicación. 

El dictamen destaca que, de acuerdo con Internacional Bullying Sin Fronteras 2021 en México, ocho de cada 10 niños sufren todos los días algún de tipo de acoso y en 2023 el ranking de dicha organización colocó a nuestro país como el número uno con más casos de acoso escolar. 

Por ello, se considera necesario y oportuno legislar en la materia para contener el acoso escolar que ocurre en los centros educativos del país y que puede escalar a otras magnitudes a través de los medios digitales, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

Hablantes de lenguas en Centros de Justicia para las Mujeres 

Con la unanimidad de 26 votos se aprobó modificar el último párrafo del artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para señalar que los refugios y los Centros de Justicia para las Mujeres deberán contar con personal capacitado para el habla de lenguas indígenas y traductor.

El dictamen destaca la necesidad de contar con hablantes de lenguas indígenas en los refugios de protección para mujeres por la profunda diversidad cultural y lingüística que define a las comunidades indígenas. Afirma que dichos refugios desempeñan una función crítica al proporcionar seguridad y apoyo a mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

La diputada Vences Valencia destacó que esta reforma se centra en garantizar derechos esenciales para las víctimas de cualquier tipo de violencia y mejorar las condiciones de los refugios y Centros de Justicia para las Mujeres.

De Morena, la diputada Elba Iliana del Rocío Tun Campos aseguró que el dictamen es en favor de las mujeres indígenas de nuestro país, pues se trata de una de los sectores más discriminados y excluidos. Mencionó que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, son las comunidades indígenas las que registran los niveles más altos de pobreza, violencia y menos oportunidades de acceso.