Su documento precisa que en los últimos cuatro años, se destinaron a Correos de México tres mil 798 millones 226 mil 11 pesos del erario público, por lo que es necesario que este organismo opere de forma superavitaria y que el gobierno no genere gastos por utilizar otros servicios de mensajería y paquetería.

Plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 4º de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para establecer que el gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia de todas las dependencias y entidades de los tres niveles y Poderes de gobierno.

También, agrega un párrafo tercero para estipular que las instancias de los tres niveles de gobierno no podrán ejercer recursos públicos federales para la recepción, transportación, entrega y/o envío a través de empresas privadas, salvo en los casos y zonas donde Correos de México no cuente con cobertura para el servicio.

Se busca promover, impulsar y fortalecer a esta entidad del gobierno, como la red de servicio postal nacional, al restringir gastos innecesarios y costos en estos servicios por parte de oficinas públicas que “no utilizan a esta dependencia, a pesar de que cuenta con la infraestructura y los canales de distribución necesarios”.