La diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila hizo notar que la política social es mucho más que una suma de programas; su propósito es crear condiciones para que las personas ejerzan sus derechos con mayor libertad, seguridad y autonomía.

“Desde la bancada de Morena respaldamos una política social que reconoce el bienestar como un derecho, porque gobernar para todos significa medir el progreso por el crecimiento de nuestra economía, pero también por el número de personas que viven con mayor dignidad, seguridad y oportunidades. Sigamos construyendo un México más justo, incluyente y con bienestar para todas y todos”.

Su correligionario, el diputado Oscar Iván Brito Zapata aseguró que hoy los programas de bienestar alcanzan a más de 42 millones de personas, casi 14 millones de adultos mayores tienen una pensión, alrededor de dos millones de personas con discapacidad son apoyadas.

Hay becas para casi 20 millones de alumnos, alumnas de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y se ha avanzado en consolidar apoyos para jóvenes que quieren construir el futuro, para pescadores, agricultores, campesinos, pequeños empresarios y emprendedores.  

El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, también morenista, destacó que “hoy, con una profunda visión humanista, el centro, la columna vertebral de la política pública es el bienestar del pueblo de México”.

En 2026 se invierte un billón de pesos en los programas para el bienestar y “en ocho años la inversión acumulada alcanzará los 4.5 billones de pesos, lo que significa que 42 millones de mexicanas y mexicanos reciban directamente un derecho que contribuya a mejorar su calidad de vida”. 

Del lado de la oposición blanquiazul, la diputada Elisa Paola Zamora Ramírez comentó que los programas sociales no son propiedad de ningún partido y se pide que tengan transparencia, evaluación, fiscalización, blindaje electoral y una visión integral de Estado.

“Cuánto se asigna, cuánto se ejerce, a quién llega y qué cambia en realidad en la vida de las personas. Queremos transferencias acompañadas de salud, educación, vivienda y empleo formal. Estos apoyos, dijo, deben ser un instrumento para cambiar la vida de las familias, abrir oportunidades y ayudar a superar la pobreza. 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, también del PAN, señaló que el Segundo Informe exhibe la contradicción gubernamental: presume transferencias, pero no demuestra derechos garantizados. Se presume un billón de pesos para programas del bienestar y 42 millones de personas beneficiarias “pero el monto transferido no demuestra que haya mejorado ni la salud, ni el aprendizaje, ni la autonomía”.  Denunció que el Banco del Bienestar no entregó 96 mil tarjetas, pero 94 mil de ellas, sostuvo, estaban activas. 

Del lado del Verde Ecologista, la diputada Liliana Carbajal Méndez hizo notar que el Programa de Vivienda para el Bienestar ha permitido la construcción de más de 320 mil viviendas para las familias mexicanas.

Y también “se han reestructurado deudas que antes eran impagables ante el Infonavit y el Fovissste, teniendo la certeza de contar con un techo propio”.

Afirmó que los programas se mantienen y “siguen dando resultados, así como los nuevos programas que se establecieron sin generar nueva burocracia y se operan a través del Banco del Bienestar dando la certeza de llegar a los derechohabientes”. 

Su compañero de bancada, el diputado Juan Carlos González Bareño enfatizó que gracias a la política social millones de mexicanas y mexicanos dejaron la condición de pobreza multidimensional y la proporción de población en pobreza se redujo.

“El bienestar no solo se construye con programas sociales, sino también con empleo, mejores ingresos y derechos laborales. Al cierre de este año los programas para el bienestar llegarán a más de 42.8 millones de mexicanas y mexicanos con una inversión superior a un billón de pesos, más del 9 por ciento del Presupuesto de Egresos para el próximo año”. 

A su vez, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, dejó en claro que la política social es la columna vertebral del este gobierno, y hoy los programas de bienestar están garantizados en la Constitución y 13.4 menos millones de mexicanos han disminuido la pobreza. “El presupuesto que hoy se va a presentar en la Comisión de Bienestar y en los programas de bienestar está garantizado; va a haber una inversión más de 1 billón 200 pesos para salud, vivienda y los programas de bienestar”. 

Del lado del tricolor, el diputado Christian Mishel Castro Bello pidió no caer en un falso debate, ya que “nadie está proponiendo desaparecer los programas sociales ni cuestionando a quienes reciben un apoyo”.

En el PRI --añadió-- nacieron los programas sociales y los defendemos, y lo que se cuestiona es cuánto dinero se reparte y cuántas tarjetas se entregan.

“El ingreso importa, pero no es todo el bienestar. Bienestar es salud, educación, seguridad social, empleo digno. Exigimos rendición de cuentas por lo administrado y un blindaje total y absoluto en los padrones. La tarjeta de bienestar no es una credencial partidista”. 

La diputada Lorena Piñón Rivera, también del PRI, expuso que el Informe presume 19.1 millones de personas que reciben apoyo directo de los programas para el bienestar; que casi 14 millones de adultos mayores ya tienen su pensión, y que todo esto es, desde la reforma constitucional, un derecho permanente.

“Nadie en esta tribuna discute que la gente necesite ese ingreso, lo que discutimos es el uso que se le da”. Recordó que “gracias al PRI, con su voto a favor en este Congreso, los programas sociales son una realidad en la Constitución, porque creemos que ayudan a la gente”.

Finalmente, en opinión del diputado Erubiel Lorenzo Alonso, de Movimiento Ciudadano, el Segundo Informe de Gobierno presume un billón de pesos en programas para el bienestar y 42 millones 860 mil derechohabientes, pero un gobierno no se mide por lo que reparte sino en lo que garantiza.

Hoy en México hay más de 132 mil 500 personas desaparecidas. En salud hay desabasto; en educación se tienen retrocesos, y en bienestar hay un billón de pesos en transferencias directas.  

A su vez, el diputado Gildardo Pérez Gabino aseguró que Movimiento Ciudadano está a favor de los programas sociales, y éstos son derechos de las y los mexicanos, no tienen dueño, partido ni color; por eso, se van a defender.

Y estamos convencidos de que México debe pasar de una política social basada en números como clientelismo electoral a una verdadera política social integral, de derechos y oportunidades, que conserve y fortalezca los programas sociales, garantice salud, educación, seguridad, genere empleo, crecimiento y oportunidades.