“Los audios cuya autenticidad ha reconocido la propia gobernadora plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública”, indicó en conferencia de prensa. 

En ese sentido, le solicitó fijar una posición pública y responder con claridad las siguientes preguntas:

¿Con quién sostuvo esas conversaciones y qué representación tenían esos interlocutores; ella buscaba recuperar su visa o saber si existía una investigación en su contra.

¿Por qué le fue retirada la visa; existe alguna acusación, expediente o requerimiento en su contra en Estados Unidos y las autoridades mexicanas conocían esas comunicaciones y la razón de haberlas hecho?

“Por sanidad democrática y por respeto a quienes pagan impuestos, debe transparentarse todo asunto que involucre a servidores públicos y alcance una dimensión de interés nacional”, insistió.

López Rabadán expuso que no es lo mismo retirar la visa a un ciudadano en particular que hacerlo a la gobernadora de un estado fronterizo, pues representa a su entidad, participa en la coordinación binacional y tiene responsabilidades directas en materia de seguridad.

“Es necesario evitar cualquier conflicto de interés y garantizar que las responsabilidades públicas se ejerzan exclusivamente en beneficio de la ciudadanía de Baja California y de todo México”, subrayó.

La diputada presidenta consideró que la gobernadora tiene todo el derecho de contratar abogados y gestionar la recuperación de su visa, pero el problema surge, dijo, cuando dentro de esa gestión personal se habla de información proveniente de las mesas de seguridad, de posibles escenarios legales y de contactos con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses.

“Esto es especialmente delicado porque la gobernadora encabeza la estrategia de seguridad de Baja California, una entidad que continúa enfrentando altos niveles de violencia. Aunque las autoridades han reportado una reducción de los homicidios, durante 2025 el estado concentró 7.3 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país”, lamentó.

Recordó que en los audios se menciona a Michael Nadler, abogado de Miami, exfiscal federal y especialista en investigaciones penales, delitos financieros, corrupción y lavado de dinero, y si bien la especialidad de un abogado no demuestra por sí misma que exista un delito o una investigación, sí es necesario explicar para qué fue contratado alguien con esa especialización, quién cubre sus honorarios y si en esas gestiones se han utilizado exclusivamente recursos privados.

“No se trata de especular ni de prejuzgar. Se trata de esclarecer dónde termina una gestión personal y dónde comienza el ejercicio de una responsabilidad pública”, reiteró.

Finalmente, López Rabadán hizo un llamado a prestigiar México pues los mexicanos necesitamos un servicio público honorable, íntegro y capaz de responder con claridad cuando existen dudas que afectan la confianza ciudadana.

“Prestigiar la política significa explicar, transparentar y asumir las responsabilidades”, concluyó.