Ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política, y con fundamento en los artículos 33, numeral 1 de las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente y 176, numeral 2 del Reglamento del Senado, en aplicación supletoria de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 89 de las citadas Reglas Básicas.

El oficio de la Secretaría de Gobernación menciona que la propuesta de la titular del Ejecutivo busca dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general que establezca como mínimo la homogeneización del tipo penal y de sus penas, con lo cual retoma lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que considera este delito como de alto impacto por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado mexicano en su conjunto.

Añade que la iniciativa se ajusta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, toda vez que es necesaria para que en la ley general correspondiente se desarrollen tres de sus cuatro ejes rectores relativos a establecer políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno.

También, desarrollar mecanismos de colaboración entre las instituciones de seguridad pública en donde se privilegie el uso de tecnologías, sistemas e inteligencia informática para la investigación de este delito y disponer mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones del gabinete de seguridad, a través de la definición de atribuciones comunes en la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales solo comprenden las denuncias efectivamente presentadas ante las fiscalías estatales, en 2022, 2023 y 2024 se registraron 11,039, 10,950 y 10,804 víctimas de extorsión, respectivamente, subraya.

Precisa que la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 fue de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en solo seis años.

Además, de acuerdo con datos del SESNSP, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8 por ciento de las víctimas en 2024 y a enero 2025. Solo el Estado de México acumula el 33.1 por ciento.

Considera que una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas. Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas en los diferentes códigos sustantivos. 

En el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos. “Esta disparidad debe ser corregida”, indica.

Enfatiza que no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país. 

Dicha situación es resultado de que los gobiernos estatales generalmente enfrentan retos de múltiple naturaleza para formular estrategias adecuadas en la prevención, sanción o disminución de la incidencia de este delito, puntualiza. (Boletín, Diputados)