Explicó que la reforma plantea que el Infonavit no sólo sea un fondo de ahorro que distribuya los recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que pueda construir vivienda de interés social y cumpla con su objetivo central: otorgar el derecho a la vivienda a las y los trabajadores.
El director general del Infonavit, Romero Oropeza, a su vez, informó que la reforma plantea equiparar la gobernabilidad de esta dependencia con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manteniendo el sello tripartito, que se compone del sector gobierno; sector trabajadores y sector empresarial.
Precisó que la reforma contempla: un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en tres vertientes: 1) Crédito barato y suficiente para derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos; 2) Desarrollo de vivienda, que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos en donación y construir; 3) Arrendamiento social con opción a compra, para que las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30 por ciento de su salario.
Creación de la constructora del Infonavit, que realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a vivienda barata y suficiente.
Aseveró que la empresa constructora del Infonavit es indispensable ya que en los últimos 10 años se redujo notablemente la construcción de vivienda, particularmente la de interés social con un valor promedio de 550 mil pesos.
Explicó que, con la creación de la constructora del Infonavit, se podrá reducir el tiempo y los costos de producción de vivienda, mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción; se le dará prioridad a la mano de obra en los estados, lo que coadyuvará al crecimiento regional y por ende a la economía de todo el país; y las viviendas estarán ubicadas en los centros de desarrollo urbanos, es decir, contarán con todos los servicios: agua, electricidad, transporte, salud, educación.
Al anunciar que habrá homologación de los órganos de gobierno, explicó que al igual que en el IMSS, se respeta el tripartismo paritario del Infonavit (ejecutivo federal, trabajadores y empresarios); el director general como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido por la Presidenta de la República; se eliminan las Direcciones Sectoriales de trabajadores y empresarios -que actualmente no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí prerrogativas y percepciones económicas por encima del sueldo de la Presidenta- y finalmente se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de Asamblea, Consejo, Comités y Comisiones, ya que los asistentes actualmente cobran entre 60 mil y 90 mil pesos por sesión.
“Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.”, destacó el director general del Infonavit.
Casos de corrupción detectados
Romero Oropeza expuso que la reforma a la Ley del Infonavit tiene modificaciones al marco normativo de la dependencia para evitar corrupción como el caso de Telra Realty, empresa que en 2014 fue contratada por un monto de 100 millones de pesos (mdp) para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en donde residían; sin embargo, la compañía no entregó el servicio contratado en el tiempo establecido y contrario a ello, el Consejo de Administración no sólo no los penalizó, sino que autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil mdp.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió a través de información otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hubo triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario de esta dependencia que fungía como asesor del director general en 2018, antes del sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, el sector empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit interponer un amparo contra el informe de resultados de la ASF con el voto en contra del sector gobierno y de la Dirección General. Y a la fecha, enfatizó, no se han atendido las recomendaciones de la ASF con el argumento de que el órgano fiscalizador no tiene competencia sobre lo que llaman “los recursos privados”.
Asimismo, destacó que como parte del programa Línea III consistente en financiar a constructores de vivienda para derechohabientes, se autorizaron 22 proyectos entre 2017 y 2018, que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit de 575 mdp. Adicionalmente existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 mdp, esto como deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.
También señaló que se detectó una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. A la fecha, luego de una revisión se advirtió que en 21 estados del país existen 12 mil créditos en mil 400 viviendas, lo que significa que fueron vendidas hasta cuatro veces cada una por año. Lo que constituye una estafa a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros y lo cual asciende a más de mil 200 mdp.
Entre los casos de corrupción identificados, en 2019 el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pago entre 2013 y 2014 de más de 3 mil 600 mdp a cuatro despachos para recuperar viviendas por la vía judicial —práctica que en las administraciones del ex presidente López Obrador y la Presidenta de México ya no se lleva a cabo—, con lo cual se realizaron juicios fraudulentos en los que participaron funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit en contra de 60 mil derechohabientes.
De este caso el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de personas fueron despojadas de sus inmuebles sin un juicio justo.
Además se encontró que funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo a la empresa Mapfre Tepeyac S.A. entre 2013 y 2014 por 550 mdp para los derechohabientes con crédito, no obstante que el Instituto cubre este tipo de seguros. Explicó que la cobertura de éste únicamente aplica en el fallecimiento de las personas acreditadas en casos de desastre natural y/o pandemias, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable, además de que su contratación se dio sin el conocimiento de los trabajadores.
Octavio Romero Oropeza expuso que en 2011 el Consejo de Administración del Infonavit autorizó convertir en fideicomiso el Registro Único de Vivienda (RUV) pese a que el ingreso que genera el RUV no debe ser calificado como utilidades, sino que debe ser reintegrado al ahorro de los trabajadores.
A pesar de que el director general del Infonavit instruyó no realizar este mecanismo, se repartieron las utilidades. Por ello tres funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes.
Finalmente, explicó que el director sectorial de los Trabajadores tiene un ingreso anual neto de 3 millones 255 mil 338 pesos, mientras que el director sectorial empresarial de 3 millones 145 mil 199 pesos e incluso el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit tiene un ingreso anual neto de 2.2 mdp; en los tres casos, el monto es mayor al ingreso neto anual de la Presidenta de la República.
“El director y los coordinadores, los gerentes; todos estos tienen un salario superior al de la Presidenta, independientemente del nivel en el que se encuentren”, expuso.
(Boletín, Presidencia)