OPINIÓN

El relevo en la SCJN, severo revés a la 4T

 |  Viernes, 06 Enero 2023 19:38  |  Publicado en OPINIÓN

Rubén Vázquez Pérez

 

En lo que fue la crónica de una derrota anunciada –acaso la más grave para el futuro de la Cuarta Transformación-, la ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer electa para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, el Poder Judicial de la Federación, uno de los más importantes contrapesos a la figura dominante del sistema político mexicano, el Presidente de la República.

 

Tras un escandaloso proceso de descalificación contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, candidata del Presidente Andrés Manuel López Obrador a ocupar el cargo, la elección de la nueva ministra presidenta se resolvió hasta una tercera votación en la que Piña Hernández obtuvo un voto más que su contendiente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Lo curioso del caso es que el voto que dio el triunfo a Piña Hernández fue el de la malograda –por desacreditada- candidata del Presidente.

 

Y resulta realmente inconcebible que en todo este proceso, el Presidente López Obrador no haya cuidado las formas y en cambio dejara en la opinión pública la clara percepción de que metió las manos en un Poder distinto y presuntamente autónomo: tenía una candidata y, evidentemente, restó seriedad y credibilidad al asunto por la impresión de que se trataba de un juego de intereses políticos.

 

¿El resultado? eligió mal, se pronunció por una incondicional a su gobierno, pero sin asegurarse que fuera incuestionable; la descobijó, la oposición le dio con todo y ahora –indagatorias aparte-, Yasmín Esquivel estaría en riesgo de perder su licencia de abogada y su cargo de ministra, si se comprueba que obtuvo su título mediante el plagio de una tesis.

 

Cría cuervos y…

 |  Lunes, 07 Noviembre 2022 15:57  |  Publicado en OPINIÓN

Rubén Vázquez Pérez

 

Todos los días, por todos los rumbos de la ciudad, cientos de bloqueos a la circulación vehicular generan las consecuentes, larguísimas e interminables filas de ciudadanos que, verdaderamente, de a pie, deben caminar, estoicos, kilómetros para tratar de llegar a tiempo a sus trabajos, sus escuelas, sus hogares.

 

De Lunes a Viernes marchas, plantones y concentraciones definen si durante el resto del día el ciudadano común habrá de cumplir o no, con sus responsabilidades cotidianas, pero también si tendrá oportunidad de resolver una emergencia, digamos, de salud, propia o la de algún familiar.

 

Lo cierto es que debido a esos bloqueos todos los días el transporte público se vuelve inútil y junto con automóviles particulares, provocan, además del caos vehicular, serias afectaciones a la cotidianidad de los usuarios; así  los bloqueos no hacen sino aumentar –un día si y otro también- el pesado lastre de enojo y frustración que les deja la inacción gubernamental y la falta de voluntad oficial para resolverlos.

 

Las autoridades gubernamentales de la capital del país se han definido como respetuosas de las manifestaciones políticas y sociales en calles y plazas públicas porque esas movilizaciones, es decir: los bloqueos, son el ejercicio del derecho constitucional a la libre manifestación de ideas, quejas, demandas y reclamos. Y, por tanto, han dicho, no habrán de usar la fuerza pública contra éstas porque eso sería represión.

 

Pero, ¿acaso el derecho al libre tránsito por calles de esta enorme y conflictiva ciudad, es un derecho ciudadano menor?, ¿no son ambos derechos consagrados en el texto constitucional, de esos que fueron ganados en la gesta revolucionaria de 1910 a sangre y fuego?

 

Manotazo presidencial

 |  Miércoles, 06 Abril 2022 14:07  |  Publicado en OPINIÓN

Rubén Vázquez Pérez

El asunto del manotazo presidencial para acelerar el esclarecimiento del caso Ayotzinapa revela cosas graves. Muy preocupante en especial la evidencia de que las fuerzas armadas no necesariamente –y menos inmediatamente-, obedecen a su Comandante Supremo, el Presidente de la República.

Significa, lisa y llanamente, que aún en tiempos de la Cuarta Transformación, hay dentro del gobierno quien o quienes no quieren que se sepa la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas. Y peor aún: que quienes obstruyen las indagatorias, está claro, son aún parte del Ejército y la Armada de México.

¿Venganza o Reforma?

 |  Miércoles, 21 Abril 2021 21:15  |  Publicado en OPINIÓN

Rubén Vázquez Pérez

Decían en el viejo priísmo que el fondo es forma. Y si bien se entiende, la frase tiene que ver con el aseo o desaseo de los procesos políticos o judiciales que se lleven a cabo; esto es: qué tanto apego muestran a lo que dictan tanto las normas legales como las costumbres que, por cierto, suelen convertirse en leyes.

Lo anterior viene a cuento por todo el escándalo suscitado en torno a la prolongación del mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado recientemente por el Senado de la República, algo que precisamente ocurrió de una manera desaseada y, digamos, muy mañosamente.

Llama la atención el hecho porque: uno, se trata claramente de un albazo legislativo; dos, es una iniciativa que no partió de Morena; tres, tampoco partió del Presidente López Obrador; cuatro, empero, éste le dio su aval y, cinco, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, principal beneficiario, hasta ahora guarda inexplicable silencio.

Respecto del albazo –y es éste el primer desaseo-, hay que decir que éste fue siempre un recurso de los regímenes pasados que con frecuencia mostró su eficacia a las mayorías que antes dominaron el Congreso y a las que, por cierto, la 4T no quiere parecerse. “No somos iguales”, ha dicho su líder, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si se parecen.

La iniciativa tiene autoría del senador Raúl Bolaños, del Partido Verde Ecologista de México, uno  de esos extraños aliados de Morena que le permiten avasallar a la raquítica oposición. Pese a ello, recibió el tratamiento de todo albazo: se pasó al cuarto para las doce, en momentos en que los demás senadores se distraían con otros temas –quizá fatiga, desenfado, irresponsabilidad-, nadie cuestionó y todos aprobaron.

La inconformidad vino cuando cayeron en la cuenta de que nadie les había avisado; cuando vieron que  ninguno de ellos leyó previamente lo que iban a votar y cuando entendieron que habían aprobado algo contrario a lo que establece la Constitución: en lugar de cuatro años, según establece la Carta Magna, el periodo de duración del actual Presidente de la SCJN se amplía a seis.


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