Lo que se pierde de vista, es la magnitud y complejidad de los procesos electorales, que desde el nacimiento del INE en 1990, conjuntamente con los partidos y las diversas organizaciones políticas, han dado paso a un marco constitucional, legal y normativo que se ha venido perfeccionando, dando paso a un entramando jurídico tanto a nivel constitucional, como en una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

La calidad de los procesos electorales, han sido evaluados por el propio INE, conjuntamente con los partidos políticos contendientes, así como por la opinión pública y publicada, dando cuenta de niveles de cobertura de casillas instaladas, de votación, de abstencionismo, de incidentes y de medios de impugnación, quejas o denuncias interpuestas con motivo de cada proceso electoral. Además de que en todos los procesos se abre un espacio importante, tanto para observadores electorales con residencia en el país, como de observadores externos, tanto a nivel personal como organizacional.

La Ley secundaria (LGIPE), constituye un marco normativo preciso, en donde se detallan, a nivel de manual operativo o manual de organización, todas y cada una de las etapas y momentos del proceso electoral, mismos a los que se da seguimiento, respecto de su calidad y cumplimiento, por  333 consejos: uno nacional, 32 estatales, y 300 distritales, mismos que cuentan con la representación de cada partido político contendiente en su integración, pudiendo ser impugnados cada uno de los actos y resoluciones de cada consejo, para investir de plena legalidad cada una de las actuaciones de estos órganos colegiados.

Amén de lo anterior, el Consejo General está facultado por la Ley de la materia, para hacer las precisiones y definir procedimientos específicos en aquellos casos en que la Ley es ambigua, imprecisa u omisa en la determinación de algún procedimiento particular, dado el carácter general de que está investida.

En suma, que el desatino cometido por esta Secretaria de Estado (Economía), pone de manifiesto el desconocimiento de las facultades, atribuciones y responsabilidades del INE, en tanto órgano constitucionalmente autónomos, y si, tal vez la pretensión de invadir la esfera que solo compete a los órganos electorales.

La tentación existe y esta propuesta particular da cuenta de algunos “avanzados” que quisieran poner orden en estos organismos, lo cual solo podría lograrse con sendas reformas constitucionales y legales.

La manera burda de pretender colarse por esta vía, solo logró caricaturizar a una secretaria de Estado, que no es capaz de controlar a sus ilustrados funcionarios, además de su desconocimiento e incompetencia jurídica en la materia.

Es evidente que desde la cúpula del poder se guarda un evidente resentimiento en contra del INE, por los supuestos fraudes electorales (2000 y 2006) y algunas actuaciones del Consejo General. De manera particular, los mecanismos adoptados en su designación, dieron pie a decretar una partidización de los funcionarios tomadores de decisiones, esto es los consejeros electorales nacionales, estatales y distritales.

Algunas prácticas desaseadas en su designación, promovidas desde la Cámara de Diputados, lograron que se perdiera la auténtica representación ciudadana, para dar cabida a ciertos grupos y cotos de poder, con muy escasa capacidad de maniobra en los hechos, salvo en el Consejo General, pero presentes en estos órganos.

Los supuestos o reales agravios que ha causado el INE, han dado paso a sendas iniciativas de reforma en materia electoral, para controlar particularmente al Consejo General, como si fuera posible disponer de consejeros química o políticamente puros y capaces de actuar con total y absoluta imparcialidad, tal y como contrariamente lo han demostrado varios ex consejeros que han sido arropados por alguno de los partidos políticos existentes.

Si se pretende actuar con seriedad y respetando el entramado legal, debiera ponerse sobre la mesa las diversas propuestas de reforma, con las menores filias y fobias, para continuar en el camino de perfeccionar nuestro organismo electoral nacional, dando por terminada la actuación de los llamados organismos públicos locales (OPLES), que solo sangran al erario público de las entidades federativas, ahora que de tanta austeridad se habla.

Esto es en el terreno de lo deseable, puesto que lo posible es que se promuevan reformas que al menos acoten la autonomía de esta Institución, clave en la transición democrática y la conclusión del unipartidismo, denominado partido hegemónico, dando paso a la alternancia política del ejecutivo federal y a un sistema multipartidista aun en vías de consolidarse, puesto que ahora se puede volver a hablar de la hegemonía partidista en manos de Morena.