“Hay muchos lugares que no tienen cobertura, queremos que en esos lugares haya cobertura. ¿Cómo? Hay una legislación en Brasil —de ahí lo tomamos— en donde el privado, por ejemplo, puede decir:
‘Yo te pongo cobertura en toda esta zona y de manera gratuita sobre los derechos de concesión’; se puede hacer eso. La otra es que CFE-Internet, Internet para Todos, pueda tener más facilidad para su cobertura. Entonces, eso es en esencia lo que estamos planteando. ¿Es fuerte en términos de los cambios?
“Pues sí hay cambios, pero es para el bien de México y de las y los mexicanos, pero al mismo tiempo se permite que los privados sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor”, explicó en la conferencia matutina de este Martes.
Hizo notar que se eliminó el artículo 109 de la iniciativa para evitar confusiones —el cual estaba pensado para acompañar a la Ley del IVA sobre plataformas de venta de bienes—, y en el artículo 210 se establece que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política, ideológica y comercial de gobiernos extranjeros excepto para promoción turística, cultural o deportiva.
El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que, de los 15 millones de personas sin acceso a internet, 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura, mientras que, 4.4 millones viven en zonas con cobertura, pero no cuentan con los recursos para contratar el servicio.
Recordó que, durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se instaló nueva infraestructura para dar conectividad a diferentes zonas. Con ello, se pasó de 13 mil a 141 mil localidades conectadas con una red pública, lo que representa un cambio de 40 millones a 97 millones de personas.
Esto permitió que se creara el programa Conectividad para el Bienestar, que entregó 2.9 millones de tarjetas SIMS para celulares con un servicio gratuito de 5 GB mensuales y mil 500 minutos para llamadas.
Sin embargo, hoy en día, solo el 92 por ciento de la población vive en zonas con cobertura: 96 por ciento en localidades de más de 2 mil 500 habitantes; 62 por ciento en poblaciones con menos de 2 mil 500 personas y 26 por ciento en lugares de menos de 200 habitantes. Por ello con esta nueva ley se busca regular el acceso y el uso de señales de comunicación para conectar a todos los mexicanos y mexicanas.
Precisó que se trata de una ley en la que el espectro de uso público podrá utilizarse por autoridades y oficinas gubernamentales, para internet gratuito, para Programas del Bienestar y en sitios públicos.
Por su parte, el espectro de uso comercial ahora incluye a CFE y a privados en igualdad de condiciones. Además, habrá cobertura social y carretera por empresas de Telecom, a cambio de descuentos en el pago de espectro. También operadores comunitarios, sociales y públicos podrán conectarse a las redes de los grandes operadores y se compartirá la infraestructura de igual manera, con costos accesibles y no discriminatorios. A su vez se da acceso fácil al espectro cuando no sea utilizado para fines comerciales, como sería el caso de la educación, la investigación, la industria y automatización lo cual está vinculado al Plan México, así como pequeñas empresas.
Agregó que, como parte de esta ley, las radios públicas y comunitarias tendrán menos requisitos para el acceso al espectro, sobre todo en zonas indígenas y afromexicanas, aunado a que tendrán la posibilidad de acceder a patrocinios y a publicidad de comercios locales. Asimismo, se incluye la simplificación y homologación de trámites de despliegue e infraestructura.
Otros cambios importantes son que se establecen derechos de usuarios, como acceder a dispositivos abiertos en los que se puede colocar tarjetas SIM de cualquier empresa y cuyo saldo pueda recargarse en cualquier establecimiento. Se implementan, además, medidas para no perder recursos orbitales que están, hoy, a nombre de México, y en su caso, tener planes de contingencia y reemplazo. También se establecen lineamientos para ordenamiento y retiro de cableado que no esté en uso, y se bloquean las señales en centros penitenciarios — a cargo de las empresas de telecomunicaciones— para evitar un mal uso de la telefonía celular.
Informó que, además, se creará un organismo colegiado desconcentrado de la ATDT, con independencia técnica, que se compondrá por cinco consejeros que serán propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado. (Presidencia, Boletín)