De acuerdo al documento –del cual la mandataria leyó extractos durante su conferencia de prensa matutina-, se desprende que “del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados —estos son las supuestas auditorías que se hicieron— se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados, ni confirmados.
“Asimismo, los —reportes de bancos en inglés— bank reports, que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael Mackey elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; sin embargo, la Cámara de Diputados, en su momento, otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados”.
Más adelante, siguió leyendo la presidenta: se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante.
“Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la auditoría 199 a la que se refería.
“Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citada —promovido por la Suprema Corte—. En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la Cuenta Pública 2004.
Por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados, sin embargo, el proceso de decisión, en lo general, careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas.
La Presidenta Sheinbaum prometió que en breve, el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, dará precisiones y detalles del asunto Fobaproa, incluido el monto de la deuda contraída para el país por el ex Presidente Zedillo, y las consecuencias que ha tenido en las asignaciones presupuestarias a programas de carácter social. (Rubén Vázquez Pérez)