La canciller mexicana Alicia Bárcena informó que el gobierno del Presidente López Obrador acudirá a la Corte Internacional de La Haya, en Suiza, para denunciar el asalto con lujo de violencia a la embajada mexicana y para hacer notar que el hecho constituye una violación flagarante a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas -de la cual Ecuador y México son signatarios- y que establece que ninguna embajada puede ser violentada toda vez que constituye una extensión de la soberanía del país al que se representa, en este caso, México.

Informó también que el gobierno mexicano originalmente había decidido enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Ecuador para facilitar el regreso de la embajadora Raquel Sarur, a quien se habían dado 72 horas para que saliera de Ecuador. Pero tras los hecho del viernes dijo que se había reconsiderado la decisión por la eventual negativa del gobierno ecuatoriano a permitir que la aeronave mexicana aterrizara en suelo ecuatoriano. Empero, la jefa de la diplomacia mexicana aseguró que aparte de obtener de Ecuador las garantías para el traslado del personal mexicano, el regreso de éstos podría hacerse en vuelos comerciales.

Tras los hechos, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el respaldo de todos los actores políticos del país -los candidatos presidenciales, Xóchitl Gálvez, Jorge Maynez y Claudia Sheinbaum-, así como de presidentes y legisladores de todos los partidos, lo mismo que de organizaciones civiles e incluso de buena parte de la comunidad internacional. Incluso el gobierno de Nicaragua anunció el rompimiento de relaciones con Ecuador por la violación a la embajada mexicana en Quito.

En un comunicado, el gobierno ecuatoriano justificó el ataque a la representación diplomática mexicana porque consideró que el asilo otorgado no se daba a un perseguido político sino a un delincuente del fuero común, el ex vicepresidente Jorge Glas; éste había sido acusado por el régimen ecuatoriano de malversar fondos para la reconstrucción en poblaciones afectadas por un sismo e incluso se le había condenado a privación de la libertad; empero el gobierno de Noboa nunca se refirió a la inviolabilidad de la embajada mexicana, según lo dispone la Convención de Ginebra. (Rubén Vázquez Pérez)