La discrecionalidad en el manejo del presupuesto –advirtió- “genera corrupción y un alto grado de opacidad” y la administración gubernamental que la tolera, pierde confianza de la sociedad y, con ella, la legitimidad para ejercer las atribuciones que les han sido conferidas.
Por ello, propuso una iniciativa que busca modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que los excedentes de ingresos deban destinarse, en un 10 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y en un 65 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura en las entidades federativas.
Se trata, dijo, de “controlar la discrecionalidad” en la asignación y aplicación de los recursos presupuestales excedentes o adicionales. Dichos recursos, precisó, se destinarán conforme a la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Planteó que las dependencias y entidades puedan solicitar a la Secretaría de Hacienda recursos que les permitan atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y cuando éstos sean con cargo a sus respectivos presupuestos.
La iniciativa se turnó, para su análisis y dictaminación, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
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