Así lo establece la iniciativa de reforma constitucional que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión la cual establece que también en estados y municipios, congresos locales y ayuntamientos experimentarán la dramática disminución de sus integrantes. Y, claro, de las respectivas asignaciones presupuestales.

Las condenas lapidarias y toda suerte de furibundos y premonitorios excesos verbales de la oposición aliada en Va por México, si bien envalentonada por haberle rechazado al Presidente y su partido Morena otra reforma constitucional, la de la industria eléctrica, parece no tomar en cuenta que la nueva propuesta presidencial es de hecho una sentida aspiración ciudadana fastidiada de tanta inutilidad, lejanía y desfiguros parlamentarios, que tan caro ha tenido que pagar cada año.

“La finalidad de las modificaciones a los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Carta Magna, es dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad; erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha para el poder y garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censura”, establece el comunicado respectivo de la Cámara baja.

Dice también que las reformas propuestas pretenden “adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Específicamente, se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad, en los poderes públicos e insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos”.

Y bueno, el documento –que reformaría 18 preceptos constitucionales- fue enviado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para su análisis y espera turno de debate y votación por parte de diputados y senadores en el recientemente inaugurado Periodo Extraordinario de Sesiones.