Por ello, resaltó la importancia de que se reformen ciertas leyes para que sólo se liberen cuentas de la LPB cuando haya una mala interpretación de la UIF y no con suspensiones que son utilizadas para liberar los recursos.
“Ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el 1º de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir. Porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera, no una primera suspensión para liberar los recursos”, aseguró.
Destacó que la prioridad de estas modificaciones, así como de la reforma al Poder Judicial es garantizar la cero impunidad en todo tipo de delitos federales como lo es la corrupción y la delincuencia organizada.
“Con las nuevas reformas que se van a enviar vinculadas con la reforma al Poder Judicial pues es indispensable que no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito y es lo que le pedimos a la Fiscalía, se tiene que actuar siempre, ni tampoco vamos a perseguir a nadie por razones políticas, no, la Fiscalía hace su trabajo y tiene que dar resultados en delitos relacionados con corrupción, delitos de delincuencia organizada u otros delitos federales (...) Cuando hablamos de cero impunidad es cero impunidad para cualquier delito”, agregó.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, precisó que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita para evitar que continúen siendo integrados a la economía nacional.
Detalló que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron en total 7 mil 815 sujetos: 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales en la LPB; se han desincorporado a 910 personas físicas y 360 morales. Actualmente se encuentran en la LPB en total 6 mil 545 sujetos: 4 mil 994 personas físicas y mil 551 personas morales.
Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos (mdp); 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. De los 32 mil 500 mdp: 23 mil 575 millones 925 mil 786 han sido desbloqueadas por resolución judicial; 82 millones 470 mil por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y poco más de 5 mil mdp por resolución de la UIF.
Informó que en el Senado de la República ya está en discusiones la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y una parte del Código Penal para que el Gobierno de México tenga la capacidad de representar al sistema financiero como ofendido en los juicios relacionados con actividades delictivas.
Además, aseguró que ya se analiza la posibilidad de modificar la Ley de Amparo para evitar que sea un instrumento para afectar la funcionalidad de la LPB.
“La Presidenta ha comentado, ha discutido y ya está analizando la posibilidad de presentar alguna iniciativa para detener las suspensiones, porque ya se convirtieron en el instrumento para acabar con la lista de personas bloqueadas, su efectividad y, por lo tanto, la prevención, que ese es el instrumento básico, de lavado de dinero”, agregó.
Respecto al caso Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga, expuso que la orden del Poder Judicial de eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas.
Destacó que se espera que sean extraditados de Estados Unidos a México para que enfrenten la justicia en tribunales mexicanos. (Boletín, Presidencia)