SENADO

Rubén Vázquez Pérez

Ciudad de México. El Senado de la República hizo llegar al Presidente Enrique Peña Nieto una misiva en la que le pide su colaboración para “iluminar la tercera generación de reformas a favor de la libertad de expresión y los periodistas”.
Al dar a conocer lo anterior, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, en la cámara alta, añadió que el Primer Mandatario debe saber que:
“Hoy día nos hace falta el perfeccionamiento institucional para abatir la impunidad. La salvaguarda de la libertad de expresión no admite fracturas derivadas de la orientación política y partidista.
Durante la entrega de Medallas al Mérito Periodístico 2017, pidió al ciudadano Presidente integrarnos en un esquema de corresponsabilidad entre los poderes de la unión y los diferentes niveles de gobierno a fin de poner a salvo a los comunicadores”.
En el acto, celebrado en la antigua sede del senado, se entregaron reconocimientos por su trayectoria a 131 periodistas, y siete más a familiares de los periodistas ultimados este año: Cecilio Pineda Brito; Ricardo Monlui Cabrera; Miroslava Breach Velducea; Maximino Rodríguez Palacios; Filiberto Álvarez Landeros; Javier Valdez Cárdenas, y Jonathan Rodríguez Córdova.
Acompañado del periodista Jaime Arizmendi González, presidente de Comunicadores por la Unidad y principal impulsor de estos rconocimientos, el senador Blásquez demandó la presentación con vida de Salvador Adame Pardo, privado de la libertad el pasado 18 de mayo, en Michoacán, y se envió un mensaje de aliento a los familiares de Marcela de Jesús Natalia, baleada el sábado pasado en Guerrero.
El legislador del PT, lamentó que ni siquiera exista una cifra cierta de los periodistas asesinados, pues se habla de entre 127 y 189 y de la desaparición de 24 comunicadores más.
Con el agravante, dijo, de que se registra un nivel de impunidad superior al 80 por ciento, debido principalmente a que la mayoría de las investigaciones se encuentran viciadas de origen e incluso alteradas intencionalmente.
Enseguida detalló las acciones propuestas al Presidente de la República que dijo, forman parte de la coordinación con el Legislativo para brindar garantías plenas al ejercicio periodístico:
Dotar de autonomía técnica y administrativa a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión; realizar un análisis de vulnerabilidades de los reporteros, para adicionar elementos para su protección dentro de la  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También, elevar las penas por hechos delictivos en agravio de periodistas y medios de comunicación; reestructurar el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas;
Construir un protocolo de contrainteligencia para preservar la integridad de los comunicadores; y permitir a la ONU y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos visitar México, para que amplíen la visión de solución a la crisis en mención.
secretario.
En tanto, el senador Robledo Aburto, por el PT,  apuntó que “si en un país no puedes expresar libremente y sin ningún tipo de interferencia, tu preferencia o tu rechazo sobre cualquier tema y en cualquier momento, entonces no hay democracia”.
Afirmó que la libertad de prensa es un indicador de la calidad de la democracia, por lo cual se puede inferir que en México se enfrenta un “gravísimo” problema, pues pese a que la libre expresión está plasmada en el artículo 6º de la Constitución y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el hecho es que existe persecución y agravio contra reporteros.
El Senador Jesús Casillas Romero, del PRI, y secretario de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación acotó que no tiene sentido celebrar trayectorias importantes en el periodismo, si desde el Senado no se hace lo necesario para garantizar el legítimo derecho de la información para los ciudadanos y el de los periodistas a ejercer esta libertad de expresión.
“Hoy lamentablemente y a lo largo de este año han ocurrido acontecimientos que nos avergüenzan, acontecimientos que nos lastiman, porque cada vez que se agrede a un periodista, lo que se está haciendo es agredir y lastimar el derecho de todos a informarnos”, enfatizó.
El mejor reconocimiento que pueden hacer los legisladores, añadió, es actualizar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en 2012.
 
Esperamos resultados y los esperamos pronto: Comunicadores por la Unidad
El presidente de Comunicadores por la Unidad, Jaime Arismendi González, refrendó la exigencia para que se aclaren los homicidios y desapariciones de periodistas, pues en los últimos 33 años han sido asesinados 234 reporteros, situación que se ha recrudecido en este año, pues del 2 de marzo al 15 de mayo fueron acribillados seis hombres y una mujer, debido a su ejercicio informativo.
El periodista Guillermo Ochoa apuntó, por su parte, que “cuando el cadáver de un periodista no sus textos, no sus palabras, hacen el mensaje, mal andamos, y lo único que puedo decir a la Comisión de Seguimiento a las Agresiones del Senado, es que yo, como todos los periodistas en México esperamos resultados, pero además los esperamos pronto”.
Ricardo Acedo Samaniego, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT), hizo votos porque se logre desterrar la violencia de todo el país, “y ello debe de incluir la defensa de los medios y sus trabajadores, comunicadores y periodistas, porque no podemos engañarnos: cada vida cegada, cada voz acallada, cada medio que cierra ante la impunidad y la violencia criminal, es una derrota que incumbe a todos”.
En el evento participaron también los senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ismael Hernández Deras,  José Marco Antonio Olvera Acevedo y Verónica Martínez Espinoza, del PRI; Rosa Adriana Díaz Lizama, del PAN; y Benjamín Robles Montoya, del PT.

Ciudad de México. De inaceptable calificó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en el país existan al menos 42 centros penitenciarios con esquemas de autogobierno o cogobierno, toda vez que así el control de éstos escapa de las autoridades, es tolerada por los gobiernos locales y recae en internos vinculados a la delincuencia organizada o con capacidad económica.
Así lo dio a conocer el mencionado organismo al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al entregar el oficio con la Recomendación General número 30, sobre las condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana.

Ciudad de México. Durante 2016, los ingresos presupuestarios del sector público en México ascendieron a 4 billones 845 mil 530 millones de pesos (mdp), monto superior en 16.6 por ciento, con respecto al aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2016 (LIF-2016), y un incremento de 8.6 por ciento en comparación con lo observado en 2015.
Este aumento fue producto de mayores ingresos no petroleros que crecieron en 24.0 por ciento en relación con lo previsto en la LIF-2016 y en 13.3 por ciento adicional a lo recaudado el año anterior, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Ciudad de México. El Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al segundo semestre de 2016, previsto en el artículo 108 de la Ley de Pemex.
En el documento se señala que durante el ejercicio fiscal de 2016, Pemex ha obtenido un endeudamiento neto interno de -4.9 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de 12.6 mil millones de pesos, por lo que al cierre de diciembre de 2016, el saldo de la deuda consolidada de Pemex fue de 1,955.4 miles de millones de pesos.
Además, envió el Informe Anual 2016 de Pemex, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Pemex; en el que se señala que aún con la adopción de medidas de austeridad y eficiencia y el diferimiento y replanteamiento de inversiones, se logró obtener una plataforma de producción de crudo de dos mil 154 mil barriles diarios, superando el objetivo establecido para 2016.
Las reservas probadas (1P) asignadas a Petróleos Mexicanos, al 1 de enero de 2017, sumaron 7,219 millones de barriles de petróleo crudo, condensados y líquidos de plantas y 6,984 mil millones de pies cúbicos de gas seco, agrega el texto.
Asimismo, envió el Informe Anual 2016 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el que señala que durante 2016, los ingresos acumulados aumentaron 47 mil 341 millones de pesos, es decir, 15.5 por ciento comparado con los ingresos reportados el año anterior, aumento que se debe principalmente a una mayor venta de energía e ingresos por subsidio.
Agrega que los costos disminuyeron 122 mil 862 millones de pesos, equivalentes a 30.8 por ciento respecto a 2015. Esto, resultado de una disminución en el pago de obligaciones laborales. Además, precisa que los gastos operativos de la CFE disminuyeron 13.4 por ciento entre 2013 y 2016, y que cumplió el objetivo de un menor endeudamiento; resultado de diversas transformaciones al interior de la empresa.
Los tres documentos se turnaron a las comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

También la Cofece presentó su informe trimestral
La Comisión Permanente recibió el Primer Informe Trimestral 2017 de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el que da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2017.
Señala que en el primer trimestre, por primera vez, la Comisión solicitó al Ejecutivo Federal promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Coahuila, por considerar que es contraria al artículo 28 constitucional, por restringir la oferta de estaciones de servicio para la venta de combustibles al imponer requisitos de distancias mínimas entre los oferentes.
Precisa que la autoridad investigadora de la Cofece presentó la primera querella penal contra varias personas físicas ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que hubo elementos para presentarla, por el posible delito de prácticas monopólicas absolutas, conducta que puede ser sancionada con hasta 10 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal Federal.
También, por primera vez, el Pleno de la Cofece ordenó medidas para eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia, al determinar la existencia de estas en el mercado del servicio público de transporte de carga en los 18 municipios de Sinaloa. Por ello, se emitió una resolución dirigida al gobierno y al Congreso de Sinaloa, para que realicen las reformas legales y reglamentarias necesarias.
Asimismo, se emitió, por primera ocasión, por la Cofece un dictamen preliminar en una investigación para resolver sobre condiciones de competencia efectiva en el mercado de los servicios de interconexión, derechos de paso y de arrastre utilizados en el servicio público de transporte ferroviario de carga en el territorio nacional.
Ahora, los concesionarios y usuarios del servicio podrán presentar sus manifestaciones, pruebas y alegatos ante la Cofece, para que, posteriormente, el Pleno emita una resolución final.
Estas acciones, agrega, son resultado de la consolidación de una política de competencia fortalecida que emana de la reforma constitucional en materia de competencia económica promulgada en 2013.
El Informe se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Inmujeres informó también
La Comisión Permanente recibió un oficio del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a través del cual remite su Informe de Resultados correspondiente al período enero-marzo de 2017, sus avances en los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
En el reporte se dan a conocer las tareas emprendidas por el Instituto y los resultados obtenidos durante el primer trimestre, respecto al avance en la armonización legislativa.
Entre ellos, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la coordinación con las dependencias de la administración pública en los tres órdenes de gobierno y con los poderes Legislativo y Judicial.
Así como la promoción de la agencia económica, el desarrollo humano sustentable, la coordinación con las instancias estatales y municipales de las mujeres, mediante el apoyo que brinda el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).
Expone el posicionamiento de México en el contexto internacional, el trabajo con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la academia y el sector privado, el desarrollo estadístico y la rendición de cuentas.
El documento destaca que, en el monitoreo del avance en la armonización legislativa a favor de la igualdad de género, de enero a marzo de 2017, los congresos locales de las entidades federativas reformaron, adicionaron o derogaron 22 normas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en sus códigos penales y 16 en sus códigos civiles y familiares.
Dentro de los objetivos está el relativo a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres, el cual se articula con las cinco metas del Programa Nacional de Desarrollo y contiene la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres en las 32 entidades federativas del país.
El documento destaca que, en las acciones a favor de los derechos de las y los migrantes, en el primer trimestre del año, Inmujeres realizó diversas acciones para promover el respeto y protección de los derechos humanos de las y los migrantes.
Con la finalidad de mantener informados a los ciudadanos en materia de participación política de las mujeres, se actualiza constantemente el portal del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.
Entre los objetivos de Inmujeres, destaca el fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar, así como generar entornos seguros y amigables, de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas.
El oficio se remitió a la Comisión de Igualdad de Género del Senado y a la Comisión de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.


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